Sánchez inyecta 20.000 millones a la Seguridad Social para ligar pensiones e IPC en periodo electoral

El Gobierno tendrá que transferir a la Seguridad Social casi 20.000 millones (19.888) para tapar el agujero que supondrá su empeño en actualizar las pensiones con el IPC en 2023, a pesar de que los principales organismos internacionales le han advertido en reiteradas ocasiones de que España no se lo puede permitir con una inflación superior al 10% y con la deuda pública en máximos históricos.

Así se recoge en el techo de gasto del Estado presentado ayer por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Esta transferencia a la Seguridad Social supone 1.500 millones (el 8,1%) más que la cantidad inyectada en 2021. Y le permite cubrirse de una subida de los precios mucho mayor de la que contemplaba hasta ahora; de hecho, ayer la ministra de Economía, Nadia Calviño, abrió los ojos ayer y elevó la previsión de inflación al 7,8%.

El Banco de España calcula que ligar las pensiones al IPC tendrá un coste de 13.500 millones tomando una inflación media en 2022 del 7,5%. La OCDE eleva el cálculo a 14.600 millones con una previsión de IPC del 8,1%.

En cualquier caso, se trata de un sobrecoste tremendo, que la Seguridad Social no puede asumir ni de lejos con las cotizaciones de los trabajadores. De hecho, ya este año está teniendo que sufragar con deuda pública gran parte de las prestaciones.

Esto se debe a un conjunto de factores: por el lado de los ingresos, el elevado paro y el bajo salario medio, consecuencia de un crecimiento económico mucho menor del esperado tras la pandemia y de la negativa del Gobierno a tomar medidas para incentivar la inversión y el empleo (de hecho, ha tomado medidas en sentido contrario, como la contrarreforma laboral); y por el lado de los gastos, el creciente número de pensionistas, la mayor esperanza de vida y el incremento de la cuantía de las prestaciones, porque los trabajadores que se están jubilando cobraban salarios elevados. Así, en julio el gasto en pensiones alcanzó un máximo histórico de 10.845 millones.

Pérdida de votos de los pensionistas

A pesar de esta dramática situación, el Gobierno de Pedro Sánchez sigue empeñado en incrementar las pensiones con el IPC. Una medida que adoptó cuando no había inflación -y que aprobaron todos los partidos en la Comisión del Pacto de Toledo- pero que resulta insostenible en la situación actual, con los precios disparados.

Así se lo han hecho ver organismos como la propia Comisión Europea, que ha exigido una reforma para hacer sostenible el sistema, en línea con la de Rajoy que derogó Sánchez, y que tendrá que negociarse este otoño con los agentes sociales. Los citados Banco de España y OCDE también han alertado del peligro de mantener esta medida. Todos ellos creen que España no tiene margen para ello dada la incapacidad del Ejecutivo para frenar el crecimiento de la deuda pública.

Pero Sánchez sigue empecinado en ello porque teme el efecto devastador que puede tener en las urnas anunciar que las pensiones perderán poder adquisitivo, a pesar de que sí va a permitir que eso ocurra en el caso de los funcionarios, ya que se ha negado a revalorizar sus salarios con el IPC.